Crece el rechazo en Bolivia por la persecución a los acusados del supuesto “golpe fallido”

Crece en rechazo en Bolivia contra las detenciones de personas que supuestamente estarían involucradas con la toma militar del 26 de junio pasado, en la que el Gobierno de Luis Arce denunció un presunto intento de golpe de Estado.

En los últimos días cuatro personas han sido detenidas en Bolivia, luego de que el viernes el Ministerio de Gobierno difundiera un documental titulado “¿Qué pasó el 26J?“, en el que vincula a ex militares, analistas y abogados con la operación militar comandada por el entonces comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que la Fiscalía emitió cinco órdenes de aprehensión en el marco de las investigaciones y que cuatro de ellas fueron ya ejecutadas.

Los aprehendidos fueron el abogado de la ex presidenta Jeanine Añez, Jorge Valda, el general en servicio pasivo, Marco Antonio Bracamonte, y Bismarck Imaña, un periodista retirado. Luego se detuvo a Mario Tankana, un coronel del Ejército en servicio pasivo, y el quinto acusado se habría dado a la fuga, según fuentes oficiales.

Tras las audiencias cautelares, Valda fue liberado y Bracamonte obtuvo medidas sustitutivas a la detención preventiva que incluyen el arraigo, presentarse ante Fiscalía cada 15 días y no mantener comunicación con las personas con las que supuestamente participaron el este hecho. En tanto, Imaña y Tankana fueron enviados a la cárcel de San Pedro, en La Paz, mientras continúan las investigaciones.

Los cuatro están acusados por los delitos de atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

“Es inaceptable esta campaña de desprestigio y amedrentamiento y lo es también la detención irregular del abogado Jorge Valda. Desde la oposición democrática exigimos que se detenga este plan y alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva acción autoritaria”, escribió el ex presidente Carlos Mesa tras darse a conocer las detenciones.

De igual forma, la ex mandataria Jeanine Añez escribió en su cuenta de X, que la intención de los operativos es “distraer de la situación miserable en que se encuentra el país y la crisis que afecta a todos los bolivianos con un nuevo montaje, donde la élite masista se quiere hacer pasar por víctima en un relato montado para encarcelar opositores”.

Añez, que se encuentra en prisión desde 2021 donde enfrenta una condena de diez y varios juicios, calificó la detención del abogado Valda con un “secuestro” y dijo que se produjo “bajo el mismo modus operandi del régimen con los presos políticos”.

Además de las cuatro personas que fueron puestas ante el Justicia el fin de semana, hay más de 30 personas que han sido implicadas en el hecho, entre ellas la diputada de oposición Luisa Nayar, el analista económico, Gonzalo Chávez y el abogado y analista político, Paul Coca.

“Indignado por el documental del gobierno que me vincula con un supuesto ‘golpe fallido’. Mis convicciones democráticas son profundas. Jamás participaría en semejante estupidez. Me preocupa esta cacería de brujas”, escribió Chávez tras conocer la mención que se hace de él en el documental presentado por el Gobierno.

Pasado el mediodía del 26 de junio del año pasado, un grupo de militares liderados por el entonces comandante de Ejército, general Juan José Zúñiga, tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre e intentaron entrar por la fuerza al Palacio de Gobierno, donde se encontraba el jefe de Estado y su gabinete de ministros.

Los militares abandonaron el operativo luego de unas dos horas. Zúñiga fue detenido durante una transmisión en vivo, cuando daba una rueda de prensa, en la que implicó al presidente Arce de haber orquestado la avanzada para levantar la popularidad de su Gobierno.

Según el ministro de Justicia, César Siles, hay al menos 30 personas investigadas por este caso, entre militares y civiles.

Además de Zúñiga, cuentan con detención preventiva el ex comandante de la Armada, Juan Arnez, y el exjefe de la División Mecanizada del Ejército, Edison Irahola, además del activista Fernando Hamdan.