En Bolivia reafirman la realización de las elecciones judiciales para el 15 de diciembre
El Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia reafirmó, de forma unánime, la realización de las elecciones judiciales para el próximo 15 de diciembre, y rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspende los comicios en algunos departamentos.
Se trata de dos de las siete conclusiones asumidas por los líderes y representantes de los partidos políticos y alianzas con personalidad jurídica vigente en el ámbito nacional, representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además de diplomáticos del cuerpo diplomático y de organismos internacionales.
“Se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del TCP, en el marco constitucional y legal vigente en el país; por lo cual, se rechaza la Sentencia Constitucional 0770/2024, toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, que es un principal fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano”, refiere el punto 1 de la Segunda Declaración por la Democracia que fue leído por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel.
Esa sentencia, de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), declaró desierta la convocatoria a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Del encuentro, impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, participaron el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente, David Choquehuanca; el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, en representación del Órgano Legislativo; por el Órgano Ejecutivo asistió el ministro de Justicia, César Siles.
Además, acudieron los representantes de todas las organizaciones políticas.
En el marco del encuentro, el vicepresidente, el representante del Órgano Ejecutivo, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y los representantes de las organizaciones políticas expresaron sus “respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones judiciales de forma íntegra a realizarse el 15 de diciembre de 2024”.
A fin de blindar las elecciones judiciales en las condiciones, alcances y plazos previstos, los asistentes ratificaron “la plena vigencia” de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024.
A la par reafirmaron “el deber y la responsabilidad de todos los órganos del poder público y de las organizaciones políticas de garantizar la realización de procesos electorales con integridad. esto es, seguros, transparentes, plurales, competitivos y con la más amplia participación ciudadana”.
Además, se estableció en la declaración que el Órgano Ejecutivo debe garantizar los recursos económicos necesarios ya presupuestados para la ejecución de las elecciones judiciales, así como la posesión de las autoridades electas en enero de 2025.
A la Asamblea Legislativa, solicitaron “la emisión de un pronunciamiento inmediato rechazando la Sentencia Constitucional 0770/2024- S4”.
“Considerando las responsabilidades que lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral es importante considerar la modificación de la Ley 044 ( Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, Ley N° 044 del 8 de octubre del 2010) incluyendo en sus disposiciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, apunta la declaración.
Con este último acuerdo, se busca que los vocales electorales, de darse el caso, sean procesados en un juicio de responsabilidades.
Hassenteufel destacó que todos los asistentes firmaron la declaración «sin excepción alguna».
